CIDH preocupada por la escalada de violencia y crisis humanitaria en Haití

17 de abril de 2025

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por la escalada de violencia y el deterioro de la situación humanitaria en Haití, en particular en la capital, Puerto Príncipe. La Comisión condena la reciente serie de ataques de pandillas, que han causado importantes pérdidas de vidas, desplazamientos masivos de personas y violaciones generalizadas de derechos humanos.

Según informes de las Naciones Unidas, entre enero y marzo, más de 260 personas murieron y 66 resultaron heridas durante ataques de pandillas en los barrios de Kenscoff y Carrefour de Puerto Príncipe. Estos ataques provocaron el desplazamiento de más de 3.000 residentes y la destrucción de aproximadamente 190 viviendas. En abril, pandillas irrumpieron en una prisión en la ciudad de Mirebalais, liberando a más de 500 reclusos mientras cientos de residentes huían de sus hogares. Esto se suma a las 5.600 personas asesinadas como consecuencia de la violencia de pandillas en 2024, según cifras publicadas por las Naciones Unidas en diversos informes. La Comisión está particularmente alarmada por los relatos de graves abusos contra los derechos humanos, incluyendo violencia sexual generalizada contra mujeres y niñas, perpetrada por grupos armados.

El 2 de abril de 2025, miles de haitianos salieron a las calles para denunciar la creciente violencia de pandillas y exigir medidas gubernamentales efectivas. Las manifestaciones, que comenzaron pacíficamente, derivaron en violentos enfrentamientos con disparos cerca de oficinas gubernamentales, lo que refleja la frustración de la población ante la aparente inacción de las autoridades. En respuesta a la crisis, el jefe del Consejo Presidencial de Transición de Haití anunció planes para desplegar agentes de la Brigada para la Seguridad de las Áreas Protegidas (BSAP) en apoyo a la policía. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la eficacia de estas medidas, señalando la posibilidad de que se cometan abusos contra los derechos humanos y la necesidad de una reforma integral del sector de la seguridad.

La Comisión también está preocupada por los informes que indican que las deficiencias en los controles fronterizos han facilitado la entrada de armas de fuego a Haití, lo que ha exacerbado la capacidad de las pandillas para cometer actos violentos. Las Naciones Unidas han destacado que las fuerzas aduaneras y policiales, con fondos y personal insuficientes, están mal equipadas para monitorear y controlar el flujo de armas hacia el país.

Ante la magnitud de la crisis actual, el Estado tiene la responsabilidad primordial de adoptar medidas de seguridad eficaces para restablecer el orden público, facilitar la libre circulación de personas y bienes, y proteger a la población de la violencia de pandillas. Es fundamental que cualquier operación de seguridad que se lleve a cabo en este contexto se adhiera estrictamente a los estándares internacionales de derechos humanos, evitando cualquier forma de uso excesivo o abuso de la fuerza. El Estado también debe reforzar su capacidad institucional para prevenir el tráfico ilícito de armas de fuego y otro contrabando, a fin de interrumpir el flujo de armas que alimenta la violencia de pandillas.

Dada la naturaleza transfronteriza del tráfico ilícito de armas, la Comisión también subraya la importancia de establecer mecanismos de cooperación internacional para el intercambio de información relevante sobre las transferencias de armas y la prevención de actividades delictivas conexas. En este sentido, la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego (CIFTA) reafirma la obligación de los Estados americanos de cooperar a nivel bilateral, regional e internacional para prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados.

Finalmente, dadas las dimensiones humanitarias y transnacionales de la crisis, la CIDH insta a los Estados Miembros de la OEA a participar plenamente en la asistencia concreta y sólida a Haití mediante el apoyo a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de las Naciones Unidas, la cooperación directa, la movilización de recursos humanos, materiales y financieros, y la prestación de asistencia humanitaria oportuna a las personas afectadas. Al mismo tiempo, la CIDH destaca que la resolución de la crisis en Haití requiere un diálogo inclusivo y participativo. El Estado debe crear espacios para una colaboración significativa con los partidos políticos, la sociedad civil, los líderes comunitarios y otros actores relevantes, con miras a desarrollar respuestas integrales y sostenibles que aborden las causas estructurales de la violencia y la fragilidad institucional.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato emana de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan a sus países de origen o residencia.

Fuente de información: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/PReleases/2025/075.asp